Una creciente ofensiva política en Estados Unidos tiene como objetivo el uso de dispositivos en las aulas. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles votó recientemente por unanimidad prohibir los dispositivos facilitados por el distrito en los primeros cursos, imponer límites de tiempo de pantalla en todos los niveles educativos y auditar cada contrato de tecnología educativa. Al mismo tiempo, al menos 17 estados están tramitando leyes para restringir las pantallas en las escuelas, y cuatro de ellos ya han aprobado estas medidas tras la presión de colectivos de familias.

Sin embargo, los líderes educativos y las directrices actualizadas de la Academia Americana de Pediatría (AAP) sostienen que los límites de tiempo arbitrarios yerran en el diagnóstico del problema. En lugar de fijar topes de minutos, la AAP aconseja evaluar los medios digitales en función de su calidad y de su adecuación al desarrollo evolutivo. Los equipos directivos de los centros señalan que los fracasos de la tecnología educativa suelen deberse a una mala implantación —como distribuir equipamiento informático sin formación continua para el profesorado o sin estrategias pedagógicas claras— y no a la mera exposición a las pantallas.

La distinción clave reside en la pedagogía: el consumo pasivo, como navegar sin rumbo por canales de noticias o redes, difiere radicalmente de las tareas digitales activas, como ejecutar simulaciones científicas, interactuar con plataformas de aprendizaje adaptativo o colaborar en proyectos digitales. Para los centros que imparten currículos digitales y programas de programación, el debate político subraya que la integración eficaz de la tecnología depende de una enseñanza guiada por el docente con resultados de aprendizaje claramente definidos, más que de prohibiciones indiscriminadas.