Un informe de EdSurge pone de relieve la fricción operativa que surge cuando las políticas tecnológicas generales llegan a los docentes en las aulas, centrándose en dos retos normativos distintos: unas recomendaciones sobre el tiempo de pantalla en la primera infancia poco ajustadas a la realidad y la prohibición indiscriminada de dispositivos.

El periodista Adam Stone constató que los educadores de educación infantil se vieron obligados a improvisar sus propios enfoques debido a que las nuevas directrices federales sobre el tiempo de pantalla se redactaron pensando en adolescentes y no en niños de cuatro años de preescolar. En otro caso en Misuri, el profesor de educación cívica Dan Clark denunció que una nueva ley estatal restrictiva con los dispositivos en los centros escolares privó a sus alumnos de las herramientas específicas necesarias para llevar a cabo un programa anual de participación ciudadana.

Las conclusiones ilustran una desconexión recurrente en la gobernanza de la tecnología educativa, donde las normativas de alto nivel no tienen en cuenta los matices del desarrollo ni los requisitos del aprendizaje basado en proyectos. Para los centros que implementan planes de estudio prácticos de programación y tecnología digital, esta fricción pone de manifiesto el riesgo que conllevan los mandatos verticales que restringen herramientas digitales esenciales u ofrecen directrices demasiado genéricas para la educación infantil.